Defensa de La Línea de la Concepción: El Llamado de los Diputados Contra el Real Decreto de 1894

Fuente; Blanco y Negro

Hace algunos días publiqué un artículo de mi amigo José Luis Moreno, escrito para el Cultural de La Línea e insertado en la revista n.º 2 de 2021.

El escrito ilustra cómo una política económica diseñada para proteger los intereses nacionales puede tener consecuencias profundamente negativas a nivel local, especialmente cuando no se consideran las realidades y necesidades específicas de las comunidades afectadas. La Línea de la Concepción se encontró atrapada en un dilema en el que las decisiones tomadas por razones de Estado eclipsaron las necesidades de su población, condenándola a décadas de penuria y dificultando su desarrollo. Este problema está específicamente relacionado con el Real Decreto Ley del 23 de octubre de 1894.

Siendo natural de Ceuta, tengo un conocimiento profundo de los pormenores de tres puntos aduaneros: el punto del Tarajal en Ceuta, el puerto de Algeciras en la parte procedente de Ceuta y La Línea con Gibraltar. Por tanto, tengo mis propios criterios al respecto. Sin embargo, no se trata de exponer mi opinión personal, sino de presentar un análisis surgido a raíz de la publicación de la ley, que me parece muy interesante debido a la cantidad de datos que aporta y a la defensa apasionada que hace de la causa.

El 12 de noviembre de 1894, los diputados José Rubio, Andrés Quiñones y Ricardo de Ortiz Mérida expresaron su preocupación por el impacto del Real Decreto del 23 de octubre de 1894 en La Línea de la Concepción. Este decreto limitaba severamente las operaciones de la aduana local, restringiendo la importación a pequeñas cantidades de productos necesarios para el consumo de una familia durante una semana, bajo el argumento de que se estaba utilizando para contrabando.

Los diputados argumentaron que, antes de este decreto, La Línea había prosperado significativamente gracias a una aduana habilitada para la importación de casi todos los productos, excepto tejidos. Esta situación atrajo tanto capitales españoles como extranjeros, lo que permitió el desarrollo de numerosos edificios y solares urbanos destinados a importantes comercios y una rica actividad industrial. Entre las industrias destacadas se encontraba una fábrica de corchos, propiedad de los Sres. Larios, que empleaba a unos 900 trabajadores en la producción y a unos 500 en el transporte del producto. También había fábricas de aguardiente, pieles, fideos, gaseosa y talleres de construcción de carruajes. La Línea contaba con 337 industriales con negocios abiertos, 800 personas dedicadas al manejo de carbón mineral en la bahía de Gibraltar, 100 en trabajos de muelle, 200 en la venta de frutas y verduras, 100 cocheros y 50 carreros. Además, tenía un mercado público, el primero de la provincia con cubiertas de cristal, que albergaba a más de 300 vendedores. Contaba también con unas 500 huertas que empleaban a numerosos braceros, produciendo frutas y verduras para el consumo local y para suministrar a los buques en el muelle de Gibraltar. La ciudad poseía una importante pesquería que sustentaba a muchas familias, y un gran número de personas cruzaban diariamente a Gibraltar para trabajar en diversos oficios.

Los diputados cuestionaron la justificación del decreto, alegando que el aumento de población en La Línea no era resultado de contrabando, sino de la eliminación en 1870 de una prohibición de edificación que había impedido el crecimiento urbano anteriormente. Afirmaron que La Línea tenía una vida económica y legal propia que estaba siendo ignorada por quienes no conocían la realidad local.

En su exposición, los diputados solicitaron al gobierno la revocación del Real Decreto para evitar daños a los derechos adquiridos y para proteger los ingresos fiscales de La Línea, que ascendían a aproximadamente 4 millones de reales anuales. Propusieron que se adoptaran medidas legales severas contra el contrabando, pero sin afectar la legítima actividad económica de la ciudad.

El Sr. Quiñones, en su intervención, ofreció datos y consideraciones adicionales sobre la vida económica de La Línea y los daños que el decreto estaba causando. Aunque se reconoció la imposibilidad de discutir la orden directamente, se pidió que se reconsiderara la medida y se restablecieran las condiciones económicas anteriores para La Línea.